El lunes 15 de agosto de 2016 se dio a conocer el contenido de los decretos de incremento de salario mínimo y beneficio de alimentación, decisiones ampliamente discutidas durante el fin de semana y el inicio de esta. Efectivamente el salario mínimo tendrá un incremento que lo llevará a partir del mes de septiembre de 2016 a la cantidad Bs. 22.576,73 mensuales y Bs. 752,56 diarios.
Por
su parte, el beneficio de alimentación que recibirán los trabajadores será de
Bs. 42.480,00 mensuales y Bs. 1.416,00 diarios. A nuestro entender, el contenido
de este decreto dictado en el marco del estado de excepción y emergencia
económica es un beneficio complementario y temporal, según el cual, no solo se
verá incrementado el beneficio al equivalente de las 8UT, sino que deberá
pagársele incluso a aquellos trabajadores a quienes la empresa ya les tiene
contratado un servicio de alimentación (comedor, campamentos, alimentación
balanceada).
Este
beneficio de alimentación implementado en el marco del decreto de emergencia
deberá cumplir con los requisitos del beneficio de alimentación conocido como
cestaticket socialista, razón por la cual, por ejemplo aquellos patronos que
decidan otorgar el beneficio mediante el mecanismo excepcional de depósito de
dinero, deberán notificar a la Inspectoría del Trabajo sobre tal mecanismo.
Lo que no cabe la menor duda es que temporal o no, la modificación que propone el decreto tendrá dos grandes consecuencias, una legal y otra social.
La
legal, pues se institucionaliza la generación de un mecanismo disolvente del
salario como concepto que en derecho laboral tiene una doble finalidad, la
retribución por el trabajo diario y la base de cálculo de los beneficios
derivados de la ley.
Por
su parte la consecuencia social que traerá consigo este beneficio será el
incremento de significativos conflictos en los próximos días entre patronos y
trabajadores, principalmente a los siguientes grupos de empresas: A.- empresas estructuradas que se
dediquen a la provisión de comedores así como las microempresas y personas
naturales que proveen de alimentos a empresas estructuradas; B.- pequeñas y medianas empresas que
tengan bajo margen de ganancia o sus productos y servicios estén regulados y
controlados; C.- empresas que
proveen a sus trabajadores los alimentos y comida balanceada como mecanismo
legítimo de cumplimiento de la obligación de alimentación para los
trabajadores.
Sobre el salario mínimo. Lo que se publicó
En
el artículo 1 del Decreto 2.429 publicado en Gaceta Oficial 40.965 del pasado
12 de agosto de 2016, establece que se aumenta en un cincuenta por ciento (50%)
el salario mínimo nacional obligatorio por lo cual a partir del 1ro de septiembre
de 2016, la remuneración mínima que percibirá un trabajador en Venezuela debe
ser equivalente a Bs. 22.576,73 mensual.
En
el caso de los aprendices dicha remuneración mínima será equivalente a Bs.
16.789,92.
En
los siguientes artículos, el referido Decreto plantea que las jubilaciones y
pensiones de la Administración Pública serán equivalentes al salario mínimo
incluyendo aquellas que otorga el IVSS.
Igualmente
plantea que en caso de jornadas parciales, el salario mínimo podrá fijarse de
manera proporcional a la jornada ejecutada por el trabajador.
El
régimen de sanciones al que hace referencia este decreto lo deriva en la
reglamentación que por concepto de sanciones establece la LOTTT en su artículo
533. Esto significa una sanción de multa por una cantidad equivalente a 120 o
360 Unidades Tributarias como límite mínimo y máximo, es decir un término medio
de Bs. 42.480 (240 UT)
Lo que se publicó sobre el Cestaticket Socialista o beneficio de alimentación
En
referencia al Cestaticket Socialista, el artículo 1 del Decreto 2.430 establece
el ajuste de la base de cálculo para aquellos trabajadores que presten
servicios para el sector público y el sector privado, aumentándolo hasta la
cantidad de 8 Unidades Tributarias diarias, equivalente a Bs. 1.416 diarios y
Bs. 42.480 mensuales por concepto de este beneficio.
Igualmente
establece el Decreto que las entidades de trabajo del sector público y sector
privado, que cumplan con la obligación del beneficio de alimentación mediante
los numerales del 1 al 4 del artículo 4 del Decreto Ley del Cestaticket
Socialista, adicionalmente y de forma temporal mientras dure la emergencia
económica deberán proveer el beneficio de cestaticket. Esto significa que deberán cumplir con la
alimentación más el beneficio de cestaticket socialista aquellas entidades de
trabajo que:
- Tengan sistema de comedor, o contraten los servicios de un servicio de comedor a un tercero.
- Brinden la alimentación por medio de la contratación del servicio de comida a un establecimiento especializado
- Instalen comedores mancomunados entre varias entidades de trabajo.
- Utilización de los servicios administrados por el órgano competente en materia de nutrición.
Es decir, que toda entidad de trabajo que en su momento decidió contratar los servicios de un tercero, o de instalar un comedor donde sus trabajadores recibieran la alimentación por cada jornada de trabajo, adicionalmente, y durante el tiempo que dure la emergencia económica, deberán suministrar el beneficio de alimentación mediante cupones de alimentación.
Una medida socialmente repudiable
Para
poder entender la razón por la cual esta medida se puede calificar como
socialmente repudiable, debemos hacer una revisión de los números de lo que
esto significó en el corto plazo y lo que es un análisis de su variación
reciente.
Los hechos en números
- Para el mes de julio de 2016 el salario mínimo era equivalente a Bs. 15.051,00 y el beneficio de alimentación era de Bs. 18.585,00 mensual. Su sumatoria era de Bs. 33.636,00.
- Luego de este incremento el salario mínimo aumentará en 50% y del beneficio de alimentación en un 129%. Lo que significa que en sumatoria de ambos conceptos el incremento alcanzó al 93%.
- Para el mes de agosto de 2015, hace 12 meses, la sumatoria de ambos conceptos alcanzaba el monto mensual de Bs. 9.896,68. (Bs. 2.475,00 de máximo por bono alimentación más Bs. 7.421,68). Esto representa un incremento, respecto a lo que será a partir del 1ro de septiembre de 2016, al 557% de incremento.
- Para el mes de agosto de 2015 la relación existente entre salario mínimo y el monto máximo por concepto del beneficio de alimentación era una en la que el salario mínimo equivalía al 75% del total por ingresos a un trabajador que solo devengara salario mínimo y el máximo del beneficio de alimentación.
- Para el mes de agosto de 2016, 12 meses después, la proporción prácticamente se invirtió, pues el salario mínimo solo representa el equivalente al 26% del total del monto que percibirá un trabajador que reciba un salario mínimo y el beneficio de cestaticket alimentación.
- Según cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el mes de abril de 2016 la población ocupada era de 13.089.081 habitantes de los cuales solo 7.899.160 habitantes están ocupados en el sector formal, entendiendo que estarán en este último grupo aquellas personas que laboran en empresas con más de 5 personas empleadas. También incluye a aquellas personas que son profesionales universitarios.
¿Cuáles son los problemas de la medida de incremento de salario mínimo?
Cada
día son más la cantidad de personas que devengan un salario mínimo. Las razones
muchas, de las cuales la gran mayoría guarda estrecha relación con el desempeño
de nuestra economía. Desde una perspectiva social, en consecuencia el
incremento del salario mínimo y la modificación al sistema de cumplimiento de
beneficio de alimentación será promotor de muchos y significativos problemas
estructurales de nuestro mercado laboral: falta de diferenciación; igualación
hacia abajo; y falta de incentivo a trabajo formal entre otras.
Un sistema estático para realidades dinámicas
El
sistema laboral venezolano, tal como lo conocemos ha demostrado su agotamiento
como modelo, así como su incapacidad de malearse a nuevas necesidades de las
realidades sociales y económicas.
La
fijación de un salario mínimo como medida que dependa el Estado no es mala; sin
embargo el cuerpo normativo laboral que se formó en torno a esta institución
del salario está diseñada para una realidad estática y con una percepción ciega
sobre una necesidad del ser humano: la evolución, que en materia laboral se
verifica por medio del crecimiento personal y profesional que cada trabajador
debería aspirar cuando entra a un puesto de trabajo, lo que genera a su vez un
escenario siempre cambiante.
La
diferenciación como concepto es bastante simple y se fundamenta en la
individualización en el desempeño de la actividad de cada trabajador.
Permitirla en el marco legal laboral, promocionará la segmentación de las
actividades, así como dejará a creatividad de los trabajadores y empleadores
los mecanismos que ellos decidan para promocionar en el mercado laboral y las
propias empresas los mecanismos que faciliten darle a cada quien lo que merece.
Quien trabaje y se esfuerce más, así como genere mayor valor agregado a la producción de la empresa, obtenga una mejor y mayor remuneración. Una regla simple y eficiente.
Sin
embargo, el sistema legal venezolano procura una estandarización de las
condiciones, no solo por el hecho de enunciado de “a igual trabajo, igual
salario”, sino por la aplicación abusiva que de las normas se han realizado,
así como de las modificaciones legales que se plantearon al modelo inicial que
tienen a la unificación y consolidación de cargos, actividades, remuneración y
beneficios.
El
efecto es una simplificación tal, que impide diferenciar estándares de calidad,
desempeño y desarrollo profesional, áreas y actividades en la administración
del recurso humano que en Venezuela, salvo contadas empresas, son incipientes o
nulas pues el propio sistema laboral ahoga esas iniciativas, principalmente por
las consecuencias económicas.
Paradójicamente
esta simplificación es producto de una muy compleja serie de conceptos y
definiciones que giran en torno al concepto unificador de salario que se
implementó con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997. En esta se
eliminaron la gran cantidad de bonos y se les otorgó carácter salarial a las
cantidades que por ellos devengaba el trabajador. Todo ello, para mantener el
valor real del salario como base de cálculo de los beneficios.
Hoy
esta unificación o salarización ha generado una desviación tal que impide a las
empresas la estructuración de políticas remunerativas que les permita
incentivar la productividad de sus empleados, sin que ello signifique un nivel
de incertidumbre manejable respecto al costo que realmente tendrán dichas
políticas sobre los costos de mano de obra.
El
sistema cambiante de la normativa, el irresponsable vaivén de los criterios
judiciales, y una siempre omnipresente amenaza de lo ‘más beneficioso para el
trabajador’ incentiva a la estructura empresarial venezolana a simplificar su
creatividad para evitar incurrir en riesgos no contingentes. Así pues, se opta
por sistemas de remuneración planos, ineficientes, y que en nada o en poco
reconocen la diferenciación natural entre trabajadores de la empresa, pues al
final independientemente de lo que se plantee, se debería otorgar a todos los
trabajadores de la empresa los mismos beneficios, calculados todos con base al
salario devengado.
Igualación, pero hacia abajo
Un
perezoso aparato diferenciador agobiado por las dificultades de lo que
significa hacer negocios en Venezuela, acompañado por un mercado laboral cada día
más desmotivado es un buen caldo de cultivo para perpetuar la igualación
mediante políticas que como la fijación de salario mínimo incrementan aumento
tras aumento, el número proporcional de trabajadores que devengan un salario
mínimo.
En particular este incremento que se anuncia conjuntamente con el del beneficio de alimentación es un fuerte estímulo para continuar con este proceso de igualación.
Toda
vez que el incremento es tal, que aunque se pretenda modificar las escalas
salariales de la empresa, la Gerencia debería considerar el nuevo costo de lo
que significará para la totalidad de esa escala remunerativa y el flujo de caja
de la empresa el incremento súbito del beneficio de alimentación. Difícilmente
aquellas empresas que mantengan una escala remunerativa podrán incrementar la
remuneración del trabajador en la misma medida que lo hubiera hecho, si no
tuvieran que incurrir en el incremento del beneficio de cestaticket socialista.
Esto hará que la diferenciación del número de cargos cuyo salario era mayor al
salario mínimo, sea cada día menor.
Esta
igualación quizás no es tan grave en las escalas remunerativas que no requieren
personal calificado y profesional, pero en estos supuestos es simplemente
desmoralizante para el joven profesional, recién graduado, que su trabajo es
remunerado en igualdad de condiciones que el de un aprendiz de oficios, o
cargos no calificados.
Peor
aun, en industrias donde las organizaciones sindicales han amparado a sus
agremiados que no son calificados, se verá una significativa y justificativa
indignación del profesional no agremiado, cuyo paquete remunerativo es incluso
menor al del personal calificado.
Sin
embargo, las distorsiones económicas que vivimos hacen que este escenario
aunque algo bizarro sea el común denominador, lo que generará mayor incentivo
en nuevas generaciones en simplemente no esforzase. En definitiva el esfuerzo
adicional en culminar una carrera, no será luego premiado con una escala
remunerativa bien diferenciada, porque todos estamos igualados, pero para
abajo.
Falta de estímulo para trabajar en serio
La
igualación y la falta de posibilidades en promover la diferenciación se traduce
en un fuerte estímulo para la población en formación en simplemente no
prepararse, pues su esfuerzo no marcará diferencia alguna.
En
tiempos recientes, se conoce en el mercado laboral la actividad del “rebusque”
como una actividad complementaria al trabajo formal que ejecutan algunos
trabajadores para complementar su ingreso. Sin embargo, la situación de hoy es
que el rebusque ha significado que el personal desiste en su desarrollo
profesional, por cuanto la actividad que antes era complementaria, representa
un monto significativamente mayor al salario devengado en su trabajo formal.
Este fenómeno del rebusque ha significado la decisión de personal que se encuentra en el mercado laboral formal abandonarlo, migrando al sector informal.
Esta
migración es igualmente peligrosa para el mercado laboral, por cuanto se pierde
la formación y continuidad en la capacitación de los trabajadores en nuevas
tecnología, así como también se eliminan puestos de trabajo consecuencia de
ausencia de personal técnico capacitado, reduciéndose la oferta de servicios y
bienes especializados.
Sin embargo, la peor de las consecuencias es que al realizar la migración del sector formal al informal se pierde la cultura del trabajo, la responsabilidad, la capacidad de trabajo en equipo y del compromiso con la actividad ejecutada a cuenta ajena.
Otros
efectos que tendemos que lidiar al mediano y largo plazo es la continuidad del
sistema de seguridad social que se encuentra financiado por trabajadores, empresa
y Estado, siempre y cuando estén en el sector del empleo formal, pero que
atiende a la universalidad de la población. Este sistema se convertirá a la
vuelta de pocos años un sistema totalmente inviable salvo que el Estado asuma
el costo completo, lo cual quizás no esté o debería estar en sus prioridades
más inmediatas, a pesar de haber generado una sociedad que espera ser mantenida
en sus necesidades básicas al perder la capacidad de trabajo, y que se
encontrará desamparada por no haber tenido tampoco una cultura de ahorro.
Una medida políticamente criticable
Toda
decisión es políticamente criticable, por cuanto cualquier sea el resultado
tendrá siempre un grupo beneficiado y otro afectado negativamente por la
decisión; esto es inevitable. El trabajador que alega un beneficio en
contraposición del empleador que alega la imposibilidad de cubrir el incremento
súbito; el empresario que considere una medida justa para resolver las disputas
salariales y el sindicato que considere que el incremento no sea suficiente.
El
problema de las decisiones que se adoptaron con los decretos de aumento de
salario mínimo y de la modificación del beneficio de cestaticket socialista, es
que no se llaman por el nombre que realmente tienen, consecuencia que el
Ejecutivo Nacional hábilmente busca evadir el costo político que ello
significa.
El
Ejecutivo Nacional es el mayor empleador del país. Es el patrono del cual
depende la mayor cantidad de trabajadores dependientes en Venezuela.
Y ahora el conflicto tocará también la puerta de mi habitación. Trabajadores del hogar
Más
aun, es criticable la decisión desde la perspectiva política, porque su forma
aparentemente improvisada de implementación no solo atiende a un momento
coyuntural, sino que su redacción y aplicación generará fuertes inconvenientes
dentro de la población.
Ya
planteamos la situación precaria en que se encontrarán las pequeñas y medianas empresas
que se dedicaron a prestar servicios de alimentos y comedores a empresas
medianas y grandes, quienes seguramente se quedarán sin la posibilidad de
seguir prestando estos servicios pues nada le impide a la empresa que los
contrata en cambiar definitivamente el mecanismo de cumplimiento de la ley a
solo la provisión del cupón o recarga.
También
se planteó ya el hecho que comercios de comida (restaurantes, cantinas,
luncherías) que daban alimento a sus trabajadores, ahora deberán adicionalmente
otorgar el beneficio de alimentación, afectando significativamente sus costos,
considerando que los productos e insumos que usan estas industrias están
altamente controlados y existen costos y gastos que quedan día a día fuera de
los registros.
Ejemplos
como los anteriores sobran, pero en este caso la redacción de la norma y la
propaganda realizada en estos escasos 7 días desde su anuncio, hace que el
conflicto hoy nos toque directamente ya no en la puerta de nuestras casas, sino
en la puerta de nuestras propias habitaciones.
Efectivamente,
se ha dado a entender que todos los trabajadores deben recibir no solo el
aumento del salario mínimo, sino que adicionalmente deberán recibir el
beneficio de alimentación para trabajadores incluso aun cuando reciban
alimentos por parte de su patrono.
Esto de primeras incluye a los trabajadores que realizan labores en el hogar, tales como personal de servicio, choferes, camareros, lavanderos, niñeras, jardineros, cocineros entre otras tantas labores que presten servicios para una familia.
Sin
embargo cuando se revisa el contenido de la LOTTT, al momento de definir el
vocablo “entidad de trabajo”, término que también es utilizado por el decreto
presidencial que modifica el beneficio de alimentación para definir quiénes
deben otorgar el beneficio, se concluye que esta acepción no es aplicable al
hogar o comunidad quienes con la finalidad de recibir ayuda en quehaceres de la
vida en familia contratan los servicios de una o varias personas. El término
entidad de trabajo, según la definición contenida en el artículo 45 de la
LOTTT, se refiere al grupo de actividades que tienen una finalidad económica o
comercial, a diferencia de la terminología utilizada cuando los artículos 206,
207 y 208, así como el articulado de la Ley Especial para la dignificación de
las trabajadoras y trabajadores residenciales, que reconocen el estrecho,
diferente e íntimo vínculo existente entre el trabajador que presta sus
servicios a un patrono que no solo no tiene fines de lucro, sino que habita en
el lugar donde el trabajador presta servicios.
Es
por ello, que aunque a primera pudiera entenderse que es todo trabajador el que
tiene derecho a esta modificación, la propia terminología utilizada por la Ley
y el Decreto, a nuestro entender, excluye a las categorías. Sin embargo será
algo que deberá manejarse hábilmente dentro del seno de la familia y comunidad,
de modo tal que cualquier acuerdo que se alcance con la finalidad de evitar
mayores conflictos, tengan naturaleza y carácter temporal, como temporal es el
propio decreto.
Una medida económicamente correcta
Es
una medida aislada que llega en un momento inoportuno, y que recae sobre un
“aparato” productivo que está en momentos de su peor desempeño, a quien le
generará mayores costos y gastos que no tienen capacidad ni para colocar productos
y servicios ni trasladar este incremento a sus costos; también está el hecho
que incrementa el costo de la mano de obra sin estimular ni la
profesionalización ni la optimización de su producción, profundizando un
sistema estático que promueve el atrofiante letargo del mercado laboral.
Apartando todo eso y algunas otras observaciones más que seguramente especialistas y técnicos pudieran asertivamente hacerle a la decisión, somos del criterio que esta medida asumida por el Ejecutivo Nacional es una medida económicamente correcta.
El
desmontar este sistema que hoy se ha agotado y que asfixia la iniciativa
privada en la producción de plazas de trabajo de alto valor agregado, debe
necesariamente por empezar para abaratar los costos laborales que actualmente
significan los beneficios computados con base al salario.
Esta
medida debería ser la primera de una serie de medidas que enmarquen la
posibilidad de reducción de personal superfluo, no capacitado, y aquel que
actualmente no es productivo ni necesario para el sostenimiento y generación de
la riqueza.
Las
próximas medidas deberían dirigirse a desmontar los sistemas de reposos,
inamovilidad y suspensión de las relaciones laborales como actualmente están
planteadas; no obstante, lo que representa la desalarización de la remuneración
es sin lugar a dudas la primera y más importante medida, pues reduce los costos
laborales asociados a una terminación de la relación contractual.
Comentarios finales sobre la forma del decreto. Una fuerte crítica justificada, una alerta necesaria
Es
pasmoso escuchar el vacío generado consecuencia del silencio de quienes en
ocasiones cómplice, ignorante o temeroso dirigen gremios profesionales y
Escuelas de Derecho. Siendo justo acá hay que aclarar de algunas, pues algunos
gremios y Escuelas de Derecho han sido pioneros en la promoción de esta
discusión, alertando y levantando las justificadas alarmas de lo que esto
significa para el Estado de Derecho.
En
materia de formación de leyes se están creando, modificando e incluso alterando
el sentido de normas e instituciones por medio de Decretos presidenciales,
cuyos poderes extraordinarios en materia legislativa no fueron delegados
mediante legislación habilitante, sino autodecretadas por el propio Ejecutivo y
barnizadas de legalidad por un Tribunal Supremo de Justicia.
Este mecanismo es algo que no está bien, no es normal y a lo que no debemos acostumbrarnos. Por eso cada acto de este tipo debe ser criticado, señalado y nuevamente retomado el debate sobre su gravedad.
Ya
lo hemos indicado antes cuando planteamos la modificación de la jornada de
trabajo por medio de decreto, así como alertamos sobre lo peligroso que es la
puerta que la ley de cestaticket socialista deja para que el Ejecutivo Nacional
modificara la base de cálculo del beneficio. En ambas ocasiones se ha dejado
colar sin mayores, y ahora se pretende nuevamente plantear como si fuera un
acto de gobierno normal la modificación estructural de dos instituciones que
han venido desarrollándose en el Derecho Laboral venezolano, ambas
instituciones particularmente sensibles en nuestra legislación.
La
primera institución afectada es el salario que según nuestra legislación tiene
una doble valencia, primero el pago de la remuneración del trabajo ejecutado y
segundo la base de cálculo del sistema laboral.
La
segunda institución modificada es la alimentación de los trabajadores, la cual
cuando se institucionalizó tenía como finalidad garantizar la alimentación
balanceada. Con este decreto se institucionaliza un incremento de la cantidad
recibida que no se incluye como base de cálculo; es decir, rompe con los
principios de protección del salario que tanto ha sido bandera desde los
últimos 20 años.
Estos
decretos alteran la esencia misma del balance que precariamente se había
logrado con la reforma del 97, y que generará un nuevo foco de conflictividad
laboral que evidencia nuevamente del agotamiento de nuestro sistema legal
laboral. Igualmente refleja la necesidad de la estructuración de un nuevo
sistema alternativo al existente que coexista con el actual, que se rija en
principios de equilibrio entre los derechos de quien contrata el servicio y
quien lo presta, de lo pagado y la producción, de la eficiencia y la
rentabilidad, y principalmente de los derechos de quienes ejecutan un trabajo a
tener un desarrollo personal y profesional basado en nuestro propio actuar y no
a costas de a quien se lo presten.
