Tal como
había sido anunciado por la presidencia de la República en el tiempo posterior
a las elecciones del 5 de diciembre de 2015, en uso de los poderes habilitantes
de la denominada 'Ley Habilitante Antimperialista por la Paz' (Gaceta Oficial
Extraordinaria N° 6.178 del 15 de marzo de 2015), se dictó una norma con fuerza
y rango de Ley que extiende la inamovilidad en Venezuela.
Esta reedición
de la imposición sobre el mercado laboral venezolano, que desde 1999 ha sido
objeto de reiteradas prórrogas, ampliaciones y protecciones que incluso que
riñen con principios constitucionales, ha derivado en prácticas poco sanas en
las relaciones laborales, las cuales se ven potenciadas por 'políticas de
Estado' injustificadamente proteccionistas y un juego de 'acciones/omisiones' de Gobierno que no guardan relaciones con los principios y valores
constitucionales contenidos en los derechos sociales y económicos.
Las primeras de
estas prácticas ha sido un coctel del que hoy estamos sufriendo una verdadera
intoxicación: la impunidad del ausentismo laboral, cuyos ingredientes son:
A. Sistema
proteccionista en franca y teórica expansión.
B. Una
balanza sin equilibrio en manos de Inspectores del Trabajo con una agenda
distinta a la del proceso de producción
C. Pérdida
de calidad del empleo formal
D. Grandes
incentivos económicos para terminar la relación laboral.
El
sistema proteccionista de sectores que desde el año 1999 a la fecha ha venido
creciendo en volumen teórico, incluyéndose cada día más categorías de
trabajadores a esta protección de inamovilidad, hoy día demuestra su indudable
desgaste. Una protección que aun ante la falta de cifras y estudios oficiales,
se patenta que cada vez son menos los venezolanos con un empleo formal que
estén beneficiados por este sistema ultra proteccionista que logra el efecto
totalmente adverso para el cual fue creado: proteger las plazas de trabajo.
Inspectores de trabajo
Como segundo
ingrediente de la mezcla, una práctica generalizada en los operadores de
la justicia administrativa reflejada en el actuar de los inspectores del trabajo quienes no autorizan a las empresas a realizar los despidos aun cuando
los mismos estén plenamente demostrado durante el proceso, así como
procedimientos hoy sumarios donde de manera expedita, sorpresiva y sin derecho
a la defensa la empresa es notificada de ordenes administrativas que le obligan
a reenganchar a alguien quien quizás nunca prestó servicios para ella. Más aun,
decisiones que no solo deben acatarse, sino que deben cumplirse y obtener un
certificado de cumplimiento, para que puedan ser luego revisadas por un
tribunal.
Esto evidencia que lejos de buscar un sector
laboral productivo, estos operadores de justicia administrativa cumplen más
funciones de control, sanción y persecución a un cada día más golpeado sector empresarial.
Una balanza que
requiere definitivamente un severo ajuste para recuperar el equilibrio que
nunca debió perder y que siempre debió proteger al trabajador de las
arbitrariedades que pudo ejecutar un grupo muy determinado de empleadores en un
mejor aún definido momento; pero permitiendo al empresario mantener una masa trabajadora
en proceso productivo y no como ahora tenerla sumida en una impune y costosa
inactividad.
Pérdida de trabajo formal
Una realidad es
que cada día que transcurre es menos atractivo mantener un empleo formal, cuando
debería ser este tipo de oficio el más atractivo pues en definitiva está sujeto
a las regulaciones de la LOTTT, del Sistema de Seguridad Social y otras leyes
que deberían de fomentar un sistema sano y robusto de producción, estabilidad,
calidad y continuidad del empleo.
Es una triste realidad, pero cada día menos
personas siquiera intentan, pues saben que no encontrarán un empleo de calidad
que les permita crecer, prosperar y mejorar personal, económica y
profesionalmente, ya que cada día son menos las plazas que existen, y muchas de
las que existen están estorbosamente ocupadas por 'empleados' que cobran sin
trabajar.
Incentivos económicos
para la terminación laboral
Por último,
hemos de reconocer que la propia LOTTT ha creado increíbles incentivos para que
un trabajador con empleo formal piense seriamente en lo beneficioso que es ser
injustificadamente despedido de su trabajo. Elemento que en la práctica diaria
evidenciamos en 'procesos de negociación' llevados a cabo con trabajadores que impúdicamente
solicitan ser 'arreglados' con doblete, salarios caídos y beneficios de
inamovilidad hasta el 31 de diciembre. Este elemento, repetitivo en cada
infortunada conversación, se ha convertido en una práctica empresarial que no
solo incentiva se perpetúe esta situación, sino denota o el grado de desespero
en dar por culminada una relación tortuosa o la pobre asesoría que han
recibido, no tanto para afrontar esta situación, sino para evitarla.
¿Cómo evitar que la LOTTT
afecte negativamente?
Por eso, hay que
usar los pocos pero útiles elementos que aun la legislación laboral permite al
empresario:
1. Realizar
políticas de contratación que garanticen la captación de talento humano, cuyos
intereses y valores sean semejantes a los de la empresa.
2. Utilizar
la variada y útil gama de contrataciones, según las realidades y necesidades
del negocio. Pero para ello, deben implementar contratos escritos que delimiten
claramente deberes y obligaciones.
3. Establecer
estructuras laborales creativas que incentiven el crecimiento profesional
dentro de la empresa, plantee metas al corto y mediano plazo y motive a la
fuerza laboral de la empresa alcanzarlas.
4. Mantenga
canales de comunicación con sus empleados, implemente políticas claras y
justas, no porque gusten a todos, sino que a todos se les aplique por igual.
En tiempos de crisis, debemos ser
creativos, incluso pensar más allá del 31 de diciembre de 2018.
